No hay deuda que no se pague
GABRIELA CLIVIO ECONOMISTA Y ACADÉMICA
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GABRIELA CLIVIO
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.